[09/03/2021] Hace unos días se realizó el webinar "Perú Digital, el camino hacia la modernización”, organizado por el AWS Institute y la AmCham, en el que un grupo de expertos ofreció sus perspectivas con respecto al avance de la transformación digital del país. El evento se produjo a partir de la reciente publicación de un estudio del mismo nombre en el que se entrevistaron a funcionarios y ejecutivos, y con el que se desea ofrecer una visión de las principales fortalezas y oportunidades del país en materia de transformación digital.
En la reunión participaron Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú; Andrés Calderón, catedrático y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico; Bárbara Ubaldi, analista principal de políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital de Gobierno de la Corporación Andina de Fomento (CAF); y Marushka Chocobar, jefa de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El moderador fue el periodista Bruno Ortiz.
El estudio
Luego de las palabras iniciales de Defilippi -en las que resaltó la importancia de la transformación digital para el país- el primer expositor en tomar la palabra fue Calderón. Este dedicó su tiempo a presentar los principales hallazgos del estudio mencionado, aunque antes ofreció su visión de lo que ha significado la transformación digital en tiempos de pandemia.
"Considero que la transformación digital es incorporar la vida digital -el conjunto de instrumentos y formas de pensar- en la cotidianeidad, principalmente en la vida del Estado peruano”, indicó.
Esta incorporación, agregó, es un proceso continuo e inacabado, una constante revisión de procesos y herramientas, en el que no se debe de pensar que lo digital y lo presencial son elementos separados.
Ya hablando sobre el estudio y como señala un documento distribuido luego de la reunión -que desarrolla con mayor detalle los puntos expuestos por Calderón-, si bien la pandemia de la COVID-19 ha golpeado sanitaria y económicamente a muchos países, el Perú ha sido una de las naciones más afectadas, lo que se explica por su vulnerable economía informal y por las brechas para la provisión digital de servicios esenciales como educación, salud, y servicios financieros.
En los últimos años, el Perú también ha desarrollado importantes esfuerzos en diversos ámbitos de transformación digital. Sin embargo, aún tiene un desempeño modesto en los principales rankings e índices en la materia (71/193 en el E-Government Development Index, 55/193 en el E-Participation Index, 55/63 en el IMD World Digital Competitiveness Index, 10/16 en el Gov Tech Index Report).
El Estado Peruano ha venido adaptándose de manera incipiente a la prestación de servicios digitales hacia la ciudadanía y al desarrollo de actividades y procesos internos en base al uso de herramientas digitales. La puesta en práctica de algunos servicios digitales se ha acelerado a raíz de la emergencia sanitaria, mostrándose avances en la implementación de mesas de partes virtuales, canales de atención en línea, desarrollo de audiencias virtuales, e implementación de nuevos trámites enteramente online, así como servicios de información digital. Sin embargo, a diferencia de la experiencia comparada, son prácticamente nulos o pocos conocidos los ejemplos de uso masivo de herramientas de analítica de datos y procesamiento de big data, de aprovechamiento de soluciones de almacenamiento y servicios en la nube, y el uso de herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial.
Uno de los obstáculos para la implementación de más soluciones digitales en el Estado Peruano se origina en el marco legal de las contrataciones estatales. Hace falta aprovechar mecanismos de contratación transparentes y más ágiles como los catálogos electrónicos de acuerdo marco que, en otros países como Colombia y Reino Unido, han sido utilizados exitosamente para la contratación de herramientas digitales en general, y servicios basados en la nube, en particular.
La otra principal limitante para la transformación digital del Estado Peruano se encuentra en la propia función pública. Aunque el marco regulatorio de la gobernanza digital ha ido mejorando, la SeGDi aún se enfrenta a ciertas dificultades, tales como: (i) la ausencia de autonomía funcional y económica para la toma de decisiones; (ii) la poca capacidad de vinculatoriedad y compulsión en sus decisiones; (iii) la falta de asignación presupuestaria en todos los niveles de gobierno para la contratación de soluciones digitales y para el desarrollo de capacidades digitales en los funcionarios públicos; y, (iv) la falta de continuidad en algunas agendas nacionales (por ejemplo, las agendas digitales) y políticas (como las de gobierno digital y modernización de la gestión pública), así como la ausencia de objetivos específicos y medibles en algunos de estos instrumentos.
Por otra parte, el proceso de toma de decisiones públicas por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo exhibe poco interés por el uso de datos públicos y la consideración de soluciones digitales desde el diseño. Esto se evidencia con la ausencia de estos aspectos en los marcos regulatorios que se han aprobado en los últimos años para mejorar la calidad regulatoria y para medir el impacto regulatorio.
Finalmente, la transformación digital del Perú no pasa únicamente por las necesarias reformas legales e institucionales expuestas en este documento, sino también por un cambio cultural que debería ser liderado por los altos funcionarios del Estado, motivado por la toma de consciencia de los beneficios que la digitalización puede traer a un país duramente golpeado por una pandemia.
Como apoyar la transformación digital en América Latina
Luego de la presentación de Calderón, Bárbara Ubaldi desarrolló el concepto, pero a nivel regional. La funcionaria sostuvo que no hubo un momento más importante que el actual para demostrar la importancia del rol del Estado. Además, también indicó que no es posible hablar de un gobierno que haya podido responder a esta emergencia mundial sin el uso de herramientas digitales.
"Hemos trabajado sobre entender lo que es un gobierno digital, y hemos visto que es un cambio radical el pasar de un gobierno electrónico a uno digital, no es una simple diferencia de conceptos”, señaló.
Esta transformación implica cambiar la manera de trabajar de las organizaciones que generalmente estaban acostumbradas a laborar en 'silos'. También implica un cambio en la forma en que se conceptualizan los recursos humanos, es necesario cambiar al equipo y al liderazgo de los equipos; y, por otra parte, Ubaldi también abogó por un cambio en el enfoque del uso de los datos. Estos deben ser transversales, interoperables y reutilizables. También es necesario interactuar con el ecosistema de la transformación digital, ya que el sector público "no lo puede hacer todo”, como dijo la expositora.
Desde la OCDE, dijo Ubaldi, se está apoyando la estructura y la agenda de las políticas de innovación mediante la realización de acciones concretas, pero también mediante la divulgación de las buenas prácticas, es decir, de la comparación analítica de la región.
También se ayuda a los gobiernos a monitorear su avance mediante la publicación de índices, como el de datos abiertos y gobierno digital.
¿Qué dificultades se pueden encontrar? Ubaldi indicó que paradójicamente el avance de la transformación digital no tiene que ver con tecnologías o acciones, sino con elementos 'blandos'. Uno de ellos es la comprensión de que la agenda del gobierno digital debe ser compartida con otros participantes; el otro es la continuidad, o más bien la falta de ella. Se debe comprender que la agenda de transformación digital es una política de Estado, no de un gobierno, y por tanto no debe de ser dejada de lado cuando se produce un cambio de gobierno.
Un cambio cultural
Lo que ha producido la tecnología en las personas es un cambio cultural, indicó Santiso. Este cambio se traduce en que las personas esperan una calidad en el servicio del Estado. Y por el lado de los trabajadores dentro del Estado, se está produciendo una transformación en la manera en que se piensan los servicios públicos, ahora se pone al ciudadano en el centro de ellos.
Sin embargó, Santiso reconoció que en América Latina se ingresó a la crisis generada por la COVID-19 con mucha informalidad, débil capacidad de entrega, excesiva burocracia y regulaciones, y poca o ninguna continuidad en las políticas de Estado, además de corrupción en el gasto.
Con unos gobiernos muy débiles, lo que se debería tener es una interfaz más directa entre el Estado y los ciudadanos. La pandemia no replanteó la transformación digital, sino que la aceleró y por eso se vieron acciones como las realizadas por el gobierno peruano para "ordenar la casa” como el fortalecimiento del ente rector -la SeGDi- y la promulgación de la Ley de Gobierno Digital y del Sistema Nacional de Transformación Digital, además de realizar avances en temas como la interoperabilidad.
Desde la CAF, dijo Santiso, se han generado servicios para apoyar el uso de los datos y las herramientas digitales que son, a decir del expositor, los mayores activos para modernizar el Estado. En este contexto cambia el uso del dato, ahora se debe usar para mejorar la calidad de las políticas públicas, lo que supone realizar una gobernanza de los datos.
Igualmente, Santiso abogó por una mayor interrelación entre las startups y el Estado para desarrollar la innovación pública en lo que se ha venido en llamar la GobTech.
Finalmente
La última en exponer fue Marushka Chocobar, quien hizo un análisis de lo avanzado desde la perspectiva del Estado. Ella sostuvo que aún faltan brechas por cerrar, pero que se está en el camino correcto. Ahora se cuenta con leyes que definen la transformación digital basadas en las recomendaciones de la OCDE y se ha avanzado también en otros campos, como en el de los datos y la interoperabilidad.
La transformación digital es un proceso continuo y disruptivo que genera eficiencias, económicas, sociales y de valor para las personas, y que se traducen en hitos tan prácticos como el hecho de que ya 500 mil personas cuentan en el país con una billetera digital; es decir, cada vez somos más digitales. Así, Chocobar fue enumerando los avances que se conocen de la SeGDi.
Pero luego de las presentaciones, se volvió con Calderón. Ahora era el momento de señalar las recomendaciones que se pueden desprender el estudio que se presentó. Y, nuevamente, el documento distribuido resume detalladamente los dicho por el académico.
De acuerdo con la nota, del estudio se pueden desprender las siguientes recomendaciones de políticas públicas para avanzar en el desarrollo de un Perú Digital, un gobierno más transparente y centrando en el ciudadano:
- Ampliar la digitalización de los servicios al ciudadano.
- Dedicar mayores recursos para el despliegue de la infraestructura necesaria para cerrar las brechas de conectividad en Internet.
- Impulsar el diseño de vehículos de compra que simplifiquen la adquisición de tecnología para el Estado, priorizando la adquisición de servicios digitales innovadores y escalables, como lo son los servicios de nube.
- Considerar una política de nube primero.
- Impulsar una política de transformación digital de las instituciones del gobierno peruano con unas metas concretas y medibles, que aprovechen las capacidades que la tecnología permite.
- Reforzar el rol institucional de la SeGDi.
- Crear capacidades y talento digital en el Estado.
- Establecer criterios claros para la clasificación de los datos.
- Reforzar el uso de datos abiertos para la toma de decisiones.
- Dotar de verdadera autonomía y jerarquía a la Autoridad Nacional de Transparencia.
Jose Antonio Trujillo